La situación económica reaviva el viejo debate sobre la reducción de ayuntamientos.En el año 2000, el entonces consejero de Gobernación de la Generalitat de Cataluña, Josep Antoni Duran Lleida encargó a un grupo de expertos encabezados por Miquel Roca i Junyent un estudio que proponía la reducción de un buen puñado de municipios. Ahora, unos años más tarde Italia, Grecia y otros países europeos se plantean una agrupación de municipios forzosa.
También a nivel español han salido voces muy diversas que apuntan en esta dirección, sorprendentemente algunos presidentes de comunidades autónomas o de Diputaciones Provinciales, y también existe un acuerdo muy amplio entre los expertos en la necesidad de reducir el minifundismo municipal.
En España, los 8.116 municipios sólo unos 1.300 superan los 5.000 habitantes y unos 5.000 no llegan a los 1.000. En Cataluña la situación no es nada diferente: según datos del Idescat los 946 municipios que había en 2010 sólo 208 superan 5.000 habitantes.Cuatro comarcas catalanas no tienen ningún municipio de más de 5.000 habitantes y en 12 de las 42, todos los municipios son menores de 10.000 habitantes. También es significativo que el 75% de la población viva en 10 comarcas que tienen 227 municipios y que ocupan el 14% del territorio.
La densidad media de población en Cataluña es de 234 habitantes por Km2, las 32 comarcas con menor densidad tienen una media de 78 Hab/Km2, ocupan el 85% de Cataluña y están formadas por 746 municipios, el 79% del total.
Es evidente que la fragmentación causa problemas en la provisión de servicios, dificulta la gestión y nos aleja de la racionalidad y la eficiencia. Sin embargo, considero que no es oportuna una reducción drástica del número de ayuntamientos, creo que antes hay que analizar el grueso de administraciones y valorar su eficiencia y resultados.
Habría que empezar por la Unión Europea, la que tiene los métodos de decisión más complicados y lentos de todas, incapaz de seguir el ritmo de los administrados, pero a la vez capaz de paralizar decisiones en políticas comunes que afectan a sectores empresariales. El Gobierno Español, que tiene competencias traspasadas a las comunidades autónomas, aunque mantiene algunos Ministerios y funcionarios sin apenas competencias. No es menor la estructura de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. O las diputaciones provinciales, algunas prestadoras de servicios a los ayuntamientos y otros, muchas veces, agencias de colocación de personal de confianza.
En cuanto a la Generalitat, tiene ganas de mejorar el autogobierno y ha sido aceptando traspasos durante muchos años aunque la financiación no fuera el apropiado. Tenemos una administración catalana cargada de personal, una administración joven que no se planteó bien en su inicio y que ahora ya está anquilosada como los viejos ministerios españoles. Por otro lado, supongo que la crisis nos ayudará a detener las pretensiones de crear las veguerías. Y los consejos comarcales no tienen casi competencias y sólo reciben encargos con dotación presupuestaria justa o inferior a las necesidades, pero que tienen técnicos por todo y políticos que buscan proyección local.
Sin duda es complicado que cada una de estas administraciones sea eficaz, cumpla con sus competencias y no se dupliquen las tareas. Los ayuntamientos han sufrido y sufren la falta de responsabilidad y la dejadez de algunas administraciones superiores, han asumido competencias que no les correspondían y han hecho esfuerzos económicos que ahora están pagando ya que la financiación local es muy bajo y muy injusto.
Personalmente, quisiera que los ayuntamientos no se redujeran, que fuera la administración en general que adelgazara y se volviera realmente eficaz y cercana. Me gustaría que la Unión Europea fuera más ágil y menos cargada de funcionarios y burocracia, que el gobierno español redujera los ministerios innecesarios y su número de funcionarios, que eliminara sus delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Que la Generalidad de Cataluña se modernizara y ganara en eficiencia. Que las diputaciones adelgazan y fueran verdaderas herramientas de prestación de servicios a los entes locales ya denominan diputaciones como veguerías y que los consejos comarcales eliminados.
Que los Ayuntamientos cuenten con una buena financiación, que se mancomunen, hagan consorcios y se unan voluntariamente entre ellos para rebajar costes y mejorar servicios y cerrar equipamiento, sería ideal, pero para eso necesitamos una política activa, incentivar mediante las líneas de ayuda aquellos ayuntamientos que han hecho el esfuerzo de compartir y racionalizar los costes con otros, valorar en la financiación no sólo su población sino también el territorio que les corresponde gestionar.
Si alguien puede racionalizar el gasto público y utilizar de la manera más eficaz posible los escasos recursos públicos son los alcaldes y alcaldesas. El camino está en la reducción global de la administración, reforzando las políticas de proximidad y abriendo mucho más la participación de la gente en las decisiones estratégicas.
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